transparenciaLas entidades que portan los mayores riesgos de corrupción en la rama ejecutiva son las gobernaciones y alcaldías de categorías menores, con calificaciones promedios de 51,0 puntos y 46 puntos sobre 100, respectivamente, y los sectores nacionales de Justicia, con una calificación promedio de 61,7 puntos sobre 100; Interior, con 62 puntos, y Agricultura y Desarrollo Rural, con 63 puntos.

Así lo señala el informe de la Corporación Transparencia por Colombia, que presentó los resultados del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, que evalúa la gestión administrativa de las entidades entre enero 2015 y abril del 2016.

En esta oportunidad fueron evaluadas 167 entidades del nivel nacional (75 entidades), nivel departamental (32 gobernaciones y 32 Contralorías) y 28 municipios capitales.

En la rama judicial, de las dos entidades evaluadas la Fiscalía obtiene una calificación que apenas alcanza los 50 puntos, mientras que en la rama legislativa el Senado obtiene 55 puntos.

Es importante resaltar que tanto la justicia como la agricultura y el desarrollo rural serán determinantes en la construcción del país del posconflicto, y debe prestársele especial atención a estas entidades para que sus procesos sean transparentes y que un manejo corrupto de sus recursos o de los procesos que allí se lleven a cabo no le generen al país una nueva frustración.

Según Gerardo Andrés Hernández, director ejecutivo de la Corporación, “los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino además para controlar el territorio y sus poblaciones. De esta manera la corrupción se expresa a través de la captura del Estado, donde controlar el sistema político y los procesos claves de la gestión administrativa, tales como la contratación pública y el empleo público entre otros, garantizan la manipulación de políticas públicas y provisión de bienes y servicios públicos”. Por esta razón el control social sobre los procesos administrativos es una contribución a la lucha contra la corrupción.

Entre las alertas lanzadas por la entidad están algunas relacionadas con la contratación pública frente a lo cual se recomienda mejorar la publicidad de los procesos ya que siguen en deuda las garantías para la competencia y el cumplimiento de la supervisión.

La contratación directa representa 74 por ciento en el nivel nacional, 59 por ciento para el departamental y 41 por ciento para el municipal. Ahora bien, en el nivel territorial más de 50 por ciento de las licitaciones cuentan con un solo proponente, 59 por ciento en el nivel departamental y 53 por ciento en las alcaldías. En el nivel nacional el 91 por ciento de las licitaciones lograron 3 o más proponentes. En el apartado de la supervisión continúan las alertas: promedio de calificación por debajo de 20 puntos a nivel nacional y de 40 a nivel territorial.

En materia de empleo público advierte sobre un lento proceso de modernización. El indicador de empleo público a nivel nacional logra una calificación promedio de 72 puntos sobre 100, lo cual da muestras de avances en esta gestión, pero en los municipios sólo alcanza 48 puntos y 52 en los departamentos. Los principales problemas del empleo público se concentran en las pobres estrategias de gestión institucional, la persistencia de exageradas brechas salariales y el crecimiento del número de contratistas. Este pareciera un tema inamovible en los contextos de clientelismo, pero por la misma razón es el punto de la gestión que más voluntad política requiere para ser reformado.

De igual manera advierte que el diseño y adopción de medidas anticorrupción en los procesos de gestión apenas están logrando cumplir con el Estatuto Anticorrupción. Si bien las entidades formulan el plan anticorrupción, (casi todas las entidades reportaron tenerlo), los mecanismos para ponerlos en marcha, hacerles un seguimiento y financiarlos poco se observan.

De otro lado, son pocas las entidades que desarrollan instrumentos básicos para la prevención, que son el establecimiento de políticas claras de conflicto de interés y el funcionamiento adecuado y ágil de canales de denuncias. En la evaluación las calificaciones muestran que el promedio general estos temas están por debajo de 40 puntos.

En el nivel nacional, los indicadores relacionados con la rendición de cuentas y el control social se encuentran por debajo de 60 puntos, y el que califica la atención al ciudadano se encuentra por debajo de los 70. En el nivel territorial la atención al ciudadano y la rendición de cuentas no pasa de 50 puntos, y la promoción del control social no llega a los 70 puntos.

Señala la organización que es necesario que más ciudadanos se sumen al control social como medio para proteger los asuntos públicos, desde lo electoral hasta los procesos de gestión pública, y más aún a lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la estrategia del posconflicto. Así mismo, invitó a la ciudadanía a denunciar con vigor los hechos de corrupción, a participar de manera activa en los procesos de rendición de cuentas y a sumar alianzas que hagan posible que las cosas cambien.