Avanzar en competitividad exige reformas estructurales: CPC

“La competitividad es un asunto de largo plazo. Avanzar exige hacer reformas estructurales en beneficio del interés general. Reformas que en Colombia han sido aplazadas una y otra vez y que son necesarias para resolver problemas complejos que afectan la productividad, la inclusión y el desarrollo sostenible”.

Así lo afirmó la presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Rosario Córdoba, en el lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad 2019-2020: una publicación anual del centro de pensamiento, con análisis y recomendaciones de política pública para mejorar en productividad y competitividad.

Esta edición del informe, la decimotercera desde que se creó el Consejo en 2007, coincide con avances de Colombia en los principales indicadores internacionales de competitividad.

En el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF), este año el país avanzó en 10 de los 12 “pilares de competitividad” asociados con la productividad, escaló tres posiciones en el escalafón y se ubicó 57 entre 141 economías y cuarto en América Latina.

En el indicador del Instituto Suizo para el Desarrollo de la Gerencia (“IMD”) se observaron mejores puntajes en los cuatro “factores de competitividad”, lo cual permitió subir seis puestos en el ranking, para ubicarse 52 entre 63 países y tercero en América Latina.

Por su parte, en el Doing Business del Banco Mundial, aunque no fue posible mejorar en el escalafón —por saltos importantes de otros países—, Colombia mejoró en seis de las 10 “áreas de facilidad para hacer negocios”, aumentó su puntaje agregado y se mantuvo tercero en América Latina.

“Tras una década de estancamiento en los principales indicadores de competitividad, y de caídas en los últimos años, en 2019 se observaron mejoras en los puntajes de los índices del WEF, el IMD y el Doing Business, y el país escaló posiciones en el ranking de los dos primeros”, explicó Rosario Córdoba.

En su presentación, la presidente del CPC señaló que la competitividad es importante porque los datos muestran cómo los países más competitivos son a su vez los de mayores ingresos, equidad de oportunidades y satisfacción con la vida.

Y es que la competitividad no es otra cosa que una visión multidimensional del desarrollo, que reconoce que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para la prosperidad. Por esto, es indispensable trabajar simultáneamente en diversos frentes, como lo son el fortalecimiento de las instituciones, la educación, la salud, el buen funcionamiento de los mercados, la innovación y el ambiente macroeconómico, entre otros.

El Consejo Privado de Competitividad subraya en su informe que los buenos resultados en 2019 se explican en parte por buenas políticas públicas que Colombia ha implementado en los últimos años. Se destacan la estabilidad macroeconómica y resiliencia de la economía, la mayor y mejor conectividad vial, la modernización del sector energético, las mayores coberturas en educación y salud, y la reducción de la informalidad laboral.

De acuerdo con el CPC, esas y otras políticas públicas acertadas se han reflejado en aumentos del 59 % en el ingreso por habitante y en la reducción de la pobreza del 50 % al 27 % en lo corrido de este siglo.

Si bien, de acuerdo con el informe, el progreso reciente de Colombia en múltiples dimensiones es innegable, se considera indispensable actuar con decisión para resolver los desafíos que permanecen.

En palabras de la presidente del Consejo: “Para consolidar los avances y lograr un desarrollo equilibrado y sostenido de crecimiento económico, equidad y sostenibilidad ambiental, es necesario emprender reformas estructurales. Avanzar requiere construcción colectiva, estrategia, liderazgo, voluntad política y continuidad. Esto es, buena política pública”.

En su presentación de lanzamiento del informe, Rosario Córdoba se refirió a “los intolerables”. Así denominó a siete problemas estructurales de los cuales el país ha sido espectador, y que tienen enormes impactos negativos que además aumentan en el tiempo y que, a pesar de ser bien conocidos, no ha sido posible resolver.

Los “intolerables” están relacionados con problemas de las instituciones, la educación, el empleo, el sistema pensional, el comercio exterior, la sostenibilidad ambiental y las brechas entre territorios.

Es intolerable que Colombia ocupe el puesto 123 entre 141 países en el indicador de carga regulatoria del WEF; que por la baja calidad de la educación preescolar los niños no desarrollen las competencias cognitivas, sociales y emocionales necesarias para la vida; que Colombia tenga la segunda tasa de desempleo más alta de América Latina y casi la mitad de los ocupados en empleos vulnerables; que solo uno de cada cuatro colombianos en edad de jubilación reciba una pensión contributiva y que los subsidios vayan mayoritariamente a las personas de mayores ingresos; que 30 años después de la alegada apertura económica, el peso del comercio exterior en el PIB sea prácticamente el mismo; que este siglo se haya deforestado en Colombia un área que equivale al tamaño de Dinamarca; y que las brechas regionales sean tales que las oportunidades económicas dependen drásticamente de la región donde un colombiano nace, como también la probabilidad de morir por causas evitables.

Además de persistir y afinar la política de reducción de la pobreza, de impulsar el desarrollo regional diferenciado para el cierre de brechas, y de avanzar en la agenda de construcción de paz, el Consejo Privado de Competitividad recomienda con este informe priorizar algunas acciones, enfocadas en las fuentes de crecimiento de la productividad como desafío estructural para el desarrollo:

  1. Reformar el Código Sustantivo del Trabajo para superar su obsolescencia normativa y flexibilizar el mercado laboral.
  2. Implementar mecanismos de evaluación docente que promuevan el mejoramiento continuo de su desempeño en aula.
  3. Avanzar en el diseño e implementación de una reforma pensional estructural.
  4. Avanzar en el diseño e implementación de un programa integral de vías terciarias.
  5. Modernizar la política pública de protección de la libre competencia.
  6. Establecer una autoridad de coordinación y supervisión regulatoria e implementar el Análisis de Impacto Normativo.
  7. Implementar el plan de modernización tecnológica y del recurso humano de la DIAN, y
  8. Reformar la institucionalidad ambiental para fomentar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y conservar el capital natural.